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Prótesis PIP, se hace justicia

Al dueño de la empresa que fabricó las PROTESIS PIP y sus colaboradores, la justicia les dió 4 años de cárcel. La empresa fabricó cientos de miles de implantes de mamas con un gel de silicona de peor calidad que el declarado a las autoridades sanitaria.

El escándalo sanitario de las prótesis de mama fraudulentas ya tiene sentencia. La justicia francesa condenó a cuatro años de prisión, y a pagar una multa  a Jean-Claude Mas, fundador de la empresa Poly Implant Prothèse, fabricante de los implantes llamados PIP.

El macrojuicio celebrado la pasada primavera en el sur de Francia por estafa y engaño agravado contra Mas y sus colaboradores, contra los que se querellaban más de 7.000 mujeres de 71 países, se ha saldado también con la condena de entre 18 meses y tres años a otros cuatro altos cargos de la empresa, que vendió a medio mundo estos implantes fabricados con un gel de silicona no homologado, de uso industrial y de mucha peor calidad que el declarado. Tienen un 30% más de riesgo de rotura que otras prótesis, según el organismo dependiente de la Comisión Europea que los ha evaluado.

Se trata de la primera sentencia contra Mas y sus colaboradores por este escándalo sanitario de dimensiones mayúsculas. El fundador de la compañía, de 74 años, también ha quedado inhabilitado definitivamente para ejercer en el sector médico y para gestionar una empresa.

Mas, según confirmó su abogado, apelará la decisión, lo que implica que su condena se suspende a la espera de que se confirme o no. Pero el antiguo rey de las prótesis tuvo que volver ayer directo a la cárcel, donde cumple ocho meses de condena preventiva en el marco de otra investigación judicial todavía abierta; esa por “homicidio involuntario”. No es la única causa que tiene abierta, Mas también se enfrenta a un juicio por bancarrota fraudulenta y blanqueo.

Muchas de las mujeres afectadas han tenido problemas graves con sus prótesis porque se rompieron una vez implantadas. Mas, aunque pidió perdón a sus víctimas por primera vez en el juicio, no ha admitido que su producto sea nocivo.

El exdirector financiero de la empresa, Claude Cuty, ha sido condenado a tres años de cárcel, dos de ellos de obligado cumplimiento, y a 30.000 euros de multa. La directora de calidad, Hannelore Font, y el encargado de producción, Loïc Gossard, a dos años de prisión, uno de obligado cumplimiento. El responsable de I+D, Thierry Brinon, a 18 meses de cárcel. Estos tres últimos estaban acusados de complicidad en los cargos, como indicó la sentencia leída ante medio centenar de las 7.113 mujeres que constituyen la parte civil del proceso.

La condena a Mas y sus colaboradores es la primera de cárcel, pero no la única de este escándalo sanitario. La empresa certificadora de las prótesis —que también se considera víctima de fraude—, que realizó inspecciones a la planta de elaboración fue considerada responsable en otra causa juzgada a mediados de noviembre por la vía civil por no controlar la calidad de los implantes. Deberá indemnizar a unas 1.600 mujeres con unos 3.000 euros.

En España  unas 18.000 mujeres han llevado alguna vez prótesis de esta marca,  una organización que agrupa a centenares de afectadas ha interpuesto una demanda, que estudia la Audiencia Nacional, contra todos los eslabones de la cadena que permitieron que los implantes defectuosos llegaran a ellas. A finales de octubre, las autoridades sanitarias españolas recomendaron a las portadoras de implantes mamarios PIP que pasen por el quirófano para extraérselos. Decisión que llega tres años después de que las prótesis fueran retiradas del mercado y dos desde que Francia tomara la misma medida.

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